Gestor bibliográfico Crisis y Salud

Desde el 1 de septiembre de 2012, el gobierno español ha limitado a través de un Real Decreto-Ley (RDL), el derecho a la salud de las personas migrantes en situación irregular que, desde esa fecha y con la excepción de algunos supuestos, deben pagar para recibir asistencia sanitaria, incluida la asistencia primaria. Para Amnistía Internacional, esto constituye una violación del derecho humano a la salud de la personas migrantes que viven en España, al constituir una medida regresiva y discriminatoria, prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. Esta reforma ha dejado sin tarjetas sanitarias a 873.000 personas migrantes1, impidiendo o dificultando enormemente su acceso al sistema sanitario e incluso poniendo en ocasiones su vida en riesgo. Diferentes sectores (partidos políticos, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, sector jurídico, etc.) y, sobre todo, el propio sector sanitario han manifestado su rotunda oposición a esta reforma.  También algunas comunidades autónomas se han opuesto a la misma, e incluso la han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Otras comunidades, sin embargo, la han aplicado y han restringido el acceso al sistema sanitario público a miles de inmigrantes que viven en sus territorios. Todo ello ha generado una situación de enorme disparidad entre comunidades autónomas, incluso dentro de ellas, pues existe una evidente situación de caos y confusión dentro de la administración sanitaria sobre cómo aplicar la reforma