Gestor bibliográfico Crisis y Salud

La población inmigrante en España, en situación regular o no, ha tenido derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles desde el año 2000. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 12/2012 de 20 de abril ha restringido significativamente este derecho, de manera que los extranjeros no autorizados ni registrados como residentes solo podrán recibir atención en caso de urgencia si son menores de 18 años o mujeres embarazadas. Se estima que hay 459.909 inmigrantes en situación irregular en nuestro país, de los que de 2.700 a 4.600 estarían infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), de 1.800 a 3.220 conocerían su infección y de estos el 80% recibiría tratamiento antirretroviral. Los efectos del Real Decreto pueden tener múltiples consecuencias indeseables en esta población infectada por el VIH: aumentar la mortalidad, favorecer la aparición de enfermedades oportunistas, incrementar los ingresos hospitalarios, facilitar las infecciones en la población (por el VIH y por otros patógenos) o favorecer la transmisión maternofetal del VIH. El incremento esperable de la morbimortalidad supondrá un mayor coste en la atención de los pacientes, coste que se verá incrementado aún más en los sujetos más inmunodeprimidos. Por tanto, la aplicación del Real Decreto supondrá un ahorro económico muy inferior al esperado a corto plazo e impactará negativamente en la salud pública de nuestro país, y muy especialmente en la de los pacientes infectados por el VIH que queden desatendidos, aumentando los gastos sanitarios a medio-largo plazo y alejándonos de los objetivos de salud internacionalmente asumidos.