La llegada de una vacuna contra el SARS-CoV-2 que pueda frenar la expansión de la infección se ha postulado como la respuesta definitiva para frenar la pandemia de COVID-19. Lejos de ser una solución libre de conflictos éticos, la introducción de una nueva vacuna en la práctica de la salud pública, y que se haga en una situación de inestabilidad social, política y económica, vuelve a activar la línea de tensión entre el poder de las instituciones, la autonomía de las personas y las dinámicas de los mercados globales. Esto hace que sea preciso un análisis ético que incluya los conflictos en el ámbito de la investigación y el desarrollo de la vacuna, los elementos de justicia global presentes en la distribución de la vacuna, las decisiones de priorización cuando la oferta de esta no cubra la demanda existente y las posturas que se deberán tomar, desde los poderes públicos, para abordar los casos de reticencia por parte de las personas que no deseen que se les administre la vacuna —o que planteen dudas ante ello.