Los autores del estudio (los economistas de la Escuela Andaluza de Salud Pública Jaime Espín y Joan Rovira; Richard Laing, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, y Margaret Ewen, de Health Action International) se fijaron dos objetivos concretos. En primer lugar, actualizar el mapa de países que usan el sistema, determinando cuáles referencian a países con un PIB per cápita menor. En segundo lugar, utilizar esta información para comprobar la hipótesis de si los precios de los medicamentos de un número limitado de países con ingresos bajos o medios están siendo utilizados por estados más ricos y están constituyendo algún obstáculo que impida a las compañías farmacéuticas ofrecer mejores precios a quienes disponen de una menor capacidad de compra sin afectar a su modelo de negocio en los países de altos ingresos.
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